Tortura sistemática en prisiones chinas: jaulas de hierro, descargas y falta de atención médica

Un informe publicado este miércoles por la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) confirmó que en China continúan usando la tortura para forzar confesiones, recurriendo a golpes, descargas eléctricas y a la negación de atención médica. El documento, elaborado a partir de entrevistas con 209 reclusos entre 2016 y 2025, muestra que la práctica se extiende por todas las provincias y regiones administrativas especiales, salvo Macao.

Magnitud del abuso según el estudio

Los datos del CHRD revelan que el 20% de los entrevistados sufrió palizas y que el 15% admitió haber sido torturado con el único objetivo de obtener una declaración. Además, el 35% denunció la falta de cuidados médicos, una omisión que habría cobrado la vida de 16 internos. La gravedad de los números se vuelve más chocante al considerar que los testimonios provienen de diferentes centros penitenciarios, desde la costa este hasta el interior de Xinjiang.

Yin Dengzhen: la historia que encarna la movida

Entre los casos más emblemáticos está el de Yin Dengzhen, una ex‑vendedora de verduras de 58 años condenada a cuatro años y medio por “provocar disputas y causar problemas”. Su hija, Xia Beibei, contó a la AFP que su madre, con linfoma y un peso bajo los 35 kilos, quedó sin la medicina necesaria mientras estaba en detención preventiva en Hubei. Las autoridades, sin embargo, aseguraron que Yin estaba “en buen estado” y la trasladaron a una prisión de mujeres en Wuhan, una maniobra que la familia describió como una jugada para dejarla morir.

“Lo que me parece más inaceptable es que, incluso cuando mi madre estaba gravemente enferma y posiblemente enfrentándose a la muerte, las autoridades ocultaron maliciosamente su estado y dijeron que no padecía ninguna enfermedad grave”, denunció Xia, añadiendo que su madre llegó a pensar que la cárcel la había encerrado para dejarla morir.

Métodos de coerción más allá de los golpes

El informe también recoge denuncias de privación de sueño, hambre, agua y exposición a temperaturas gélidas. Algunos internos relataron haber sido encerrados en jaulas de hierro o colgados de las muñecas, mientras que otros describieron descargas eléctricas como parte de la rutina de interrogatorio. Estas prácticas, aunque prohibidas por la legislación china, siguen siendo comunes según los testimonios recopilados, lo que evidencia una brecha enorme entre la norma escrita y la realidad del laburo de los funcionarios penitenciarios.

Marco legal y respuesta oficial de Beijing

En la normativa china la tortura y el uso de la violencia para obtener confesiones están penados con hasta tres años de prisión, con agravantes si se producen lesiones graves o muerte. China es signataria de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, pero históricamente ha sido acusada de no aplicar ni hacer cumplir esas disposiciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la AFP que sus autoridades judiciales actúan “en estricto acuerdo con la ley” y defienden los derechos legales de todas las partes, al tiempo que tachó al CHRD de “prejuicioso” y de “fabricar mentiras”.

Aun así, en 2025 el fiscal general admitió la existencia de casos de tortura y prometió medidas enérgicas contra los funcionarios que las perpetúen, aunque el informe del CHRD no encontró evidencia de procesos penales ni sanciones disciplinarias.

Implicancias para la comunidad internacional

El panorama descrito refuerza la crítica de organismos internacionales y ONG que señalan que la impunidad sigue siendo la regla en el país. La falta de investigaciones y los castigos adicionales a quienes denuncian los abusos crean un clima de miedo que dificulta cualquier intento de reforma. Mientras tanto, la comunidad global sigue observando con creciente preocupación la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario chino.

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