EE.UU. corta visas a altos cargos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por sospecha de corrupción y narco

Washington anunció este lunes la revocación o restricción de visas a un grupo de funcionarios, magistrados, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, extendiendo la medida a sus familiares directos. La acción, sustentada en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, busca impedir el ingreso a EE.UU. de quienes, según el Departamento de Estado, vulneran gobiernos democráticos mediante actos de corrupción o narcotráfico.

Bolivia encabeza la lista con doce visas anuladas

El mayor número de afectados corresponde a Bolivia, donde doce personas y sus familias fueron expulsadas del programa de visados y otras nueve quedaron inhabilitadas para solicitar una visa en el futuro. Entre los nombres públicos figura el fiscal general recién electo, Roger Mariaca, señalado por presunto abuso de cargo, aceptación de sobornos y facilitación de actividades narcotraficantes. La lista también incluye a fiscales, magistrados, un coronel de la Policía y un empresario, todos acusados de formar parte de una red que, según Washington, socava la justicia y la seguridad del país.

Colombia, Perú y Ecuador también quedan en la mira

En Colombia la medida recayó sobre el empresario Euclides Antonio Torres Romero, dueño de un conglomerado energético y de señalización vial, y sobre la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social. En Perú, la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos del Primer Circuito Constitucional de Lima fue revocada, extendiéndose la restricción a sus familiares directos. Ecuador quedó incluido con dos ciudadanos cuyas identidades no fueron divulgadas por el Departamento de Estado.

El «Escudo de las Américas» como marco de acción

Washington vinculó la decisión a los compromisos asumidos dentro del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa iniciada bajo la administración Trump para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad. Los países firmantes acordaron coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra individuos que pongan en riesgo la seguridad, el Estado de derecho y la democracia en el continente.

Un mecanismo permanente para actuar con rapidez

El Departamento de Estado subrayó que la nueva política constituye un mecanismo duradero que permite a EE.UU. actuar de forma inmediata en coordinación con sus socios, a medida que se van acumulando pruebas. La medida llega tras un reforzamiento de la cooperación con Colombia, Ecuador y Perú en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico durante el mes de septiembre, y se mantendrá actualizada a través de la información consular disponible para los cuatro países.

Reacciones y repercusiones en la región

Los gobiernos afectados calificaron la medida de unilateral y de falta de pruebas contundentes, mientras la comunidad internacional observa con atención la capacidad de EE.UU. para usar la política migratoria como herramienta de presión contra la corrupción. En la práctica, la restricción de visas limita la movilidad de altos funcionarios y sus familias, dificultando viajes de negocios, estudios o turismo en territorio estadounidense, y envía una señal clara de que la corrupción y el narcotráfico no pasarán desapercibidos en la agenda de Washington.

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