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Bolivia amplía 90 días el estado de excepción mientras espera la aprobación del Parlamento

El gobierno boliviano amplía el estado de excepción por 90 días mientras el Congreso evalúa su ratificación.

El gobierno de Bolivia aprobó este lunes un decreto que extiende el estado de excepción por noventa días más, con vigencia a partir del 18 de septiembre, fecha en que vencía el primer tramo establecido desde el 20 de junio. La medida, anunciada como respuesta a la persistencia de movilizaciones sociales, sólo entrará en vigor tras la ratificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Gabinete selló la decisión y la puso en marcha

Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, confirmó que el decreto será publicado en las próximas horas y subrayó que su entrada en vigor dependerá del voto parlamentario. «Aprobamos un decreto que se publicará en breve y que se mantendrá mientras persistan los factores de riesgo», declaró en la conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete encabezada por el presidente Rodrigo Paz.

Parlamento bajo presión para decidir en 72 horas

El senador Milton Quispe, de la oposición Unidad, recordó que la ALP tiene un plazo de 72 horas para analizar la norma y aprobarla por simple mayoría, tal como establece el reglamento interno. La urgencia se hizo pública un día después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara la intención de presentar el decreto ante el Congreso, argumentando que existe un amplio consenso ciudadano a favor de la extensión.

Contexto de la crisis social que alimentó la medida

La decisión llega después de que, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) organizaran bloqueos de carreteras en el occidente y centro del país, con el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales. Las protestas, que exigían la renuncia de Rodrigo Paz, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, dejando al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 3.000 millones de dólares, una cifra que todavía repercute en la reactivación económica.

Reacciones políticas y temores sobre la inversión

Jorge Tuto Quiroga, ex presidente (2001‑2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, advirtió que una nueva extensión del estado de excepción retrasaría la reforma constitucional prevista para atraer inversión extranjera. En paralelo, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que también busca prolongar la medida, argumentando la necesidad de proteger la reactivación económica del país.

Con la extensión en juego, Bolivia se encuentra ante la disyuntiva de equilibrar la seguridad interna con la presión de sectores que reclaman cambios profundos, mientras la comunidad internacional observa de cerca la evolución del conflicto social.

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