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Los centros de datos, la nueva guerra política que divide a EE.UU.

Una disputa que supera la tecnología y se mete en la campaña electoral

Los centros de datos, la nueva guerra política que divide a EE.UU.

El debate nacional se intensifica

En julio de 2024 la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Protección del Consumidor, una norma que buscaba frenar el aumento de la factura eléctrica provocado por la expansión de los centros de datos. Tres semanas después, el 31 de agosto, Donald Trump subió al escenario y advirtió que quien intentara “matar la gallina de los huevos de oro” acabaría empobrecido. La intervención del ex presidente encendió los ánimos de republicanos y demócratas, demostrando que la infraestructura digital ya no es solo cuestión técnica, sino una pieza clave de la campaña de mitad de mandato.

Texas y Pensilvania: enfoques opuestos

En el medio oeste, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó en 2019 una ley bipartidista que otorgaba incentivos fiscales a los gigantes de la nube, equiparando los centros de datos a carreteras y escuelas. Un año después cambió de postura y suspendió los créditos, argumentando que la presión sobre la red eléctrica y el suministro de agua superaba los beneficios. Al sur, Greg Abbott, orgulloso de que Texas sea el “epicentro del desarrollo de la IA”, ordenó auditorías a todas las instalaciones que solicitaran energía, señalando riesgos para la estabilidad del sistema eléctrico estatal. En Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro, que había impulsado la atracción de datos, endureció la normativa y entregó a las comunidades locales mayor poder de veto, usando la discusión como arma política en su aspiración a la gobernación.

Qué piensa la gente y los números que asustan

Las encuestas revelan un rechazo en aumento. En marzo de 2024 la mayoría apoyaba la construcción de centros de datos; en agosto una encuesta de Gallup mostraba un 71 % de oposición y Annenberg anotó un salto de 19 puntos en la opinión desfavorable entre febrero y junio‑julio. En Chicago, antes un polo de datos por su ubicación estratégica y energía barata, cientos de vecinos se reunieron en agosto para protestar contra un proyecto que, según los organizadores, ni siquiera era un centro de datos.

Los votantes temen más al consumo de energía, al aumento de la factura de agua y al tráfico que genera la infraestructura. Una encuesta de Fox News indica que el 75 % de la oposición local se basa en esos factores, mientras que sólo el 11 % menciona la inteligencia artificial como causa principal.

Consumo real frente a la percepción

Google asegura que en 2025 sus centros consumieron 10.900 millones de galones de agua, equivalentes al riego anual de 73 campos de golf del suroeste. Amazon reportó 2.500 millones de galones el año pasado, un 2 % menos que en 2024, mientras que el riego agrícola consumió 74 veces más agua que todos los centros de datos combinados. En electricidad, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley calculó que los centros de datos representaron el 4,4 % del consumo nacional en 2023 y podrían llegar al 9,5‑15,3 % para 2030. Sin embargo, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica señaló que la expansión de la infraestructura redujo el precio promedio de la electricidad en un 6 % entre 2019 y 2024.

Influencias externas y el horizonte político

Trump culpó a China de impulsar la oposición, mientras OpenAI reveló que una empresa china difundió imágenes destinadas a desacreditar los centros de datos. X identificó una granja de bots chinos de 200.000 cuentas, pero la interacción con el público estadounidense resultó mínima. El motor real de la resistencia sigue siendo el escepticismo hacia la IA y el temor a perder empleos.

Encuestas de Echelon Insights y la Universidad de Virginia indican que la opinión podría voltearse si se ofrecieran beneficios locales, como reducción de impuestos o pagos directos de unos diez mil dólares por residente, una suma que para un condado mediano equivaldría a 240 millones de dólares, cifra manejable para la industria. Expertos de Brookings advierten que los gobernadores que ignoren el tema en 2024 lo enfrentarán de nuevo en 2028, cuando la reelección vuelva a estar en juego.

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