Nadia Beller se compromete a aportar pruebas a la justicia tras nuevos intentos de atentado

Desde su domicilio en La Paz, la abogada boliviana y ex cónyuge del empresario Fernando Cerimedo, Nadia Beller, confirmó que, si la Justicia argentina la convoca, entregará toda la documentación que posee sobre la supuesta corrupción libertaria que rodea a su ex pareja. La declaración llegó mientras se recupera de una serie de agresiones que la han colocado en el centro de una polémica que trasciende fronteras.

Disposición a colaborar con la justicia argentina

En una entrevista concedida a medios locales, Beller dejó claro que su objetivo no es la venganza, sino esclarecer los hechos que la han puesto bajo fuego. «Si la Justicia me convoca, iré con la documentación que tengo, porque la gente tiene derecho a saber quién está detrás de la violencia política», aseguró con tono firme, añadiendo que la información que posee podría abrir una investigación más profunda sobre los vínculos entre empresarios libertarios y grupos armados.

Nuevo intento de asalto en el hospital de La Paz

La activista relató que, mientras estaba internada en un centro de salud de la capital boliviana, un desconocido intentó ingresar al recinto y fue detenido por la seguridad del hospital. Beller sospecha que el individuo podría ser un enviado de Cerimedo, cuyo nombre ya ha aparecido en varias averiguaciones por supuestos lazos con organizaciones armadas. El episodio reaviva el temor de que la violencia contra ella sea parte de una campaña coordinada.

Entrega del presunto sicario colombiano

En paralelo, la policía boliviana confirmó la captura del colombiano Hugo Castaño, señalado como autor del disparo que hirió a Beller en el primer atentado. Castaño compareció ante las autoridades y será interrogado, lo que abre una nueva línea de investigación sobre una posible coordinación transfronteriza entre actores bolivianos y colombianos.

Alta médica y refuerzo de la seguridad

Después de cinco días de internación, Beller recibió el alta y volvió a su vivienda bajo un esquema de custodia que incluye vigilancia permanente. Las fuerzas de seguridad bolivianas reforzaron la protección alrededor de su domicilio, mientras su equipo legal prepara la documentación para presentarla ante los tribunales argentinos. La medida busca evitar nuevos ataques y garantizar que la denunciante pueda seguir trabajando sin riesgos.

Impacto político y reacciones sociales

El caso ha reavivado el debate sobre la influencia de empresarios vinculados al movimiento libertario en la política boliviana y sus posibles nexos con el crimen organizado. Organizaciones de derechos humanos han salido a la calle exigiendo una investigación exhaustiva y la garantía de seguridad para quienes denuncian actos de corrupción. La polémica también ha encendido la discusión en Argentina, donde se siguen los pasos de la investigación judicial que podría involucrar a figuras del sector empresarial.

Con la mirada puesta en los próximos meses, Beller mantiene su postura de colaborar con la justicia y espera que los procesos judiciales permitan esclarecer la red de presuntos delitos que, según ella, se extiende más allá de las fronteras.

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