Docentes universitarios convocan paro nacional de 48 horas por la falta de fondos

El 23 de agosto de 2026 la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó que el paro se realizará los 27 y 28 de agosto, paralizando la actividad de todas las universidades públicas del país. La medida llega en medio de una disputa judicial y política que lleva meses sobre la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras el veto presidencial pero aún sin aplicar en su totalidad por el Ejecutivo.

La Ley de Financiamiento Universitario y su puesta en escena

La norma, sancionada a finales de 2025, obliga a que los recursos destinados a la educación superior se transfieran de forma automática y se actualicen por inflación. Más de 300 días después, el Estado sigue sin cumplir con la recomposición salarial de los docentes ni con la actualización de las becas estudiantiles, a pesar de que la Corte Suprema mantuvo vigente la medida cautelar que obliga a su aplicación.

Salarios y becas bajo presión

Los gremios denuncian que los últimos ajustes salariales fueron decisiones unilaterales, muy por debajo de la inflación acumulada. Según los propios docentes, el poder adquisitivo cayó cerca del 30 % desde diciembre de 2023, y estiman que se necesita un aumento superior al 50 % para recuperar los niveles de compra de esa fecha. Las becas, por su parte, siguen congeladas en $35.000, a pesar de que la ley las exige actualizar.

La falta de recursos no solo golpea los sueldos. La compra de insumos, el mantenimiento de laboratorios y la contratación de personal de apoyo se han visto afectados, generando una fuga creciente de docentes e investigadores con posgrados que buscan mejores condiciones en el sector privado o en el exterior.

Reacciones sindicales y la postura del Gobierno

FEDUBA y otras centrales sindicales respaldan la convocatoria de CONADU y advierten que, si no llegan respuestas concretas, podrían endurecer la medida de fuerza. La presión se intensificó luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario del Ejecutivo el 26 de junio, manteniendo la orden de aplicar la ley.

El Gobierno, por su parte, anunció un acuerdo salarial del 24,33 % con los rectores, cifra que los docentes consideran insuficiente frente a la recomposición automática que exige la normativa. Mientras tanto, la comunidad universitaria se prepara para dos días de paro que podrían incluir manifestaciones, ocupaciones de sedes y la suspensión total de clases.

Impacto directo en los estudiantes cordobeses

En la provincia, la medida se traducirá en la paralización de actividades académicas y administrativas, obligando a los estudiantes a reorganizar sus calendarios y, en muchos casos, a buscar alternativas de aprendizaje virtual. Los sindicatos universitarios han pedido garantías para la continuidad de servicios esenciales, como la atención médica en campus y el acceso a recursos bibliotecarios.

El paro nacional de docentes universitarios se perfila como una de las movilizaciones más contundentes del sector en los últimos años, y su desenlace podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la educación superior argentina.

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