Jueza de la Capital declara inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y enciende el debate nacional
El fallo sobre un menor de 14 años reactiva la discusión sobre la ley 27.801 y la respuesta estatal a la ciberdelincuencia
Jueza de la Capital declara inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y enciende el debate nacional
El fallo sobre un menor de 14 años reactiva la discusión sobre la ley 27.801 y la respuesta estatal a la ciberdelincuencia
El fallo que encendió la discusión
El pasado martes la magistrada Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, anuló la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en el proceso contra un chico de 14 años acusado de una agresión menor. En su decisión la jueza sostuvo que someter a un menor a ese régimen resulta «regresivo» y «estigmatizante», al considerarlo una vulneración de derechos consagrados por la Constitución.
Durante la audiencia la víctima, Hernán, relató que había sido asaltado mientras se dirigía al trabajo y que logró escapar gracias a la intervención de un patrullero. Los agresores, según su testimonio, se mofaron diciendo que la ley estaba suspendida, lo que avivó los ánimos en la sala y dio pie a la polémica que hoy se extiende a nivel nacional.
Repercusiones en la justicia de la provincia
El pronunciamiento de la jueza porteña no se quedó en la Ciudad; la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había detenido la aplicación de la Ley 27.801 durante 60 días. Con esa revocación el régimen vuelve a estar en vigor en la Provincia de Buenos Aires, generando incertidumbre entre fiscales, defensores y organizaciones de derechos humanos que temen una aplicación inconsistente del marco legal.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal apeló de inmediato el fallo de De Marinis, calificándolo de «peligroso» y advirtiendo que la postura de la magistrada podría abrir la puerta a la impunidad de menores que cometen delitos graves, en especial los vinculados a la ciberdelincuencia.
Reacción del oficialismo y de la oposición
Desde el Congreso, la senadora Patricia Bullrich celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones, calificándola de «coherencia» y tildando a la jueza de «prodelincuente». Su discurso resonó entre los sectores que impulsan una política de mano dura contra la criminalidad juvenil, mientras que organizaciones de derechos humanos y defensores de la infancia denunciaron una visión punitiva que ignora la necesidad de medidas preventivas y de reintegración.
Paralelamente, el gobierno nacional anunció la puesta en marcha de programas específicos para acelerar la implementación del Régimen Penal Juvenil y combatir la ciberdelincuencia, una medida que ha sido criticada por considerarse prematura sin haber resuelto los vacíos constitucionales señalados por la jueza.
Contexto histórico y desafíos que se avecinan
Promulgada en 2022, la Ley 27.801 buscó modernizar la respuesta del Estado frente a menores infractores, incorporando la internación preventiva y ampliando sanciones para delitos cometidos en la red. Desde entonces, la normativa ha sido objeto de múltiples cuestionamientos judiciales que ponen en tela de juicio su constitucionalidad, sobre todo en lo que respecta al principio de protección integral del menor.
Especialistas en derecho penal juvenil advierten que la solución pasa por combinar la normativa con políticas de prevención, educación digital y acompañamiento psicosocial. Mientras la Corte Suprema aún no se pronuncia, la ciudadanía cordobesa sigue atenta a los próximos pasos y a cómo la discusión impactará la vida de los adolescentes de la región.
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