EE UU endurece sanciones a Cuba: once entidades del níquel y del ejército bajo la lupa
Washington impone nuevas restricciones a empresas mineras y a altos mandos militares cubanos
Este jueves Washington anunció una nueva ronda de sanciones que afecta a once entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la República de Cuba. Los activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cualquier operación con personas o empresas estadounidenses está prohibida.
Orden Ejecutiva 14404 como sustento legal
La medida se apoya en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026. Dicha normativa faculta a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para imponer restricciones a quienes, según Washington, financian la represión o representan una amenaza para la seguridad nacional de EE UU.
Dos bloques de designaciones
El Departamento de Estado dividió la lista en dos grupos. El primero agrupa a cuatro empresas que desarrollan ingeniería, investigación, servicios técnicos y la propia extracción del níquel. El segundo incluye a cuatro organismos militares dedicados a investigación, producción tecnológica, entrenamiento y capacidades navales, además de tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Empresas mineras en la mira
Entre las compañías sancionadas están SERCONI, que brinda servicios técnicos, de computación y comunicaciones a la industria del níquel; CEPRONIQUEL, que coordina proyectos de ingeniería vinculados a la extracción; CEDINIQ, centro estatal de investigación del sector; y PINARES S.A., dedicada a estudios geológicos y a la identificación de depósitos minerales.
Entidades militares y sus dirigentes
En el ámbito militar la lista incluye a SIMPRO, especializado en simuladores y entrenamiento para las FAR; CIDNAV, ligado a programas de investigación de la Marina de Guerra Revolucionaria; CIDAI, enfocado en armamento de infantería; y GELCOM, que fabrica equipos electrónicos y de comunicaciones. Los oficiales sancionados son el coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director de SIMPRO; el capitán Dioglis Pedreira Argüello, al frente de CIDNAV; y el coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director de CIDAI.
Antecedentes de la política estadounidense
Esta ofensiva se suma a una serie de designaciones realizadas durante 2026. En agosto se sancionaron entidades vinculadas a la importación de equipamiento militar y, en junio, al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las nuevas medidas continúan la larga cadena de restricciones que EE UU impone a Cuba desde el embargo de los años sesenta, con la intención de presionar al gobierno para que modifique su modelo económico y su política de derechos humanos.
Impacto económico y social
Según la administración estadounidense, el níquel constituye una fuente crucial de ingresos para el Estado cubano y los recursos generados se canalizan hacia la élite militar. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el régimen cubano ha dirigido “todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta”, dejando a la población sin energía confiable, alimentos o dignidad. El bloqueo de los activos y la prohibición de transacciones podrían reducir los ingresos del sector minero y limitar la capacidad de las FAR para adquirir equipamiento.
Riesgos para terceros y perspectivas
Las personas bajo jurisdicción estadounidense deben reportar cualquier bien vinculado a los sancionados y abstenerse de operar con ellos, salvo autorización de OFAC. La normativa también advierte que empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con los sectores sancionados podrían exponerse a sanciones propias. Rubio reiteró que la Casa Blanca seguirá utilizando estas herramientas contra quienes, según Washington, sostienen el aparato represivo y militar cubano, sin descartar nuevas designaciones en los próximos meses.
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