Roger Mariaca enfrenta prisión preventiva y una profunda crisis institucional en Bolivia

La Fiscalía de Bolivia solicitó este viernes seis meses de prisión preventiva para el ex procurador general Roger Mariaca y tres detenidos, bajo la acusación de integrar una supuesta red de tráfico de drogas y organización criminal.

Fiscalía pide que los acusados permanezcan bajo custodia

El Ministerio Público imputó formalmente a Mariaca, al exfuncionario Alberto Zeballos, al empresario Martín Irusta y al agente policial Rubén Aparicio por delitos de tráfico de sustancias controladas y por conformar una organización criminal. La petición indica que los acusados deben permanecer en los penales de San Pedro y Patacamaya mientras avanza la investigación.

Vacío de poder y disputa por la sucesión del Ministerio Público

La detención de Mariaca, que había ocupado el cargo de fiscal general desde 2024 con un mandato de seis años, desató una pugna sobre quién debería asumir la conducción del organismo. En la mañana siguiente, el fiscal superior Luis Montaño se presentó ante los medios como titular interino, argumentando que la normativa boliviana permite que el funcionario de mayor antigüedad asuma de forma transitoria ante una ausencia temporal.

El propio Ministerio Público reconoció inicialmente a Montaño como titular mediante un comunicado, pero el Gobierno cuestionó esa decisión y rechazó que pudiera ejercer el cargo bajo esas circunstancias, generando una disputa institucional que ha polarizado a los partidos.

Reacciones del Ejecutivo y de la oposición

El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó de la solicitud de prisión preventiva durante una sesión de la Asamblea Legislativa, subrayando la gravedad de los hechos. El vocero presidencial José Luis Gálvez, tras pedir inicialmente esperar una definición de las autoridades competentes, denunció horas después una “usurpación de funciones” por parte de Montaño, acusándolo de intentar destituir fiscales y cerrar el sistema institucional para impedir denuncias.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, endureció la acusación del Ejecutivo contra Mariaca, calificándola de “blanco y negro” y afirmando que el exfiscal encabezó una organización criminal destinada a proteger y fomentar el narcoterrorismo en el país. Desde la oposición, la senadora Tomasa Yarhui exigió una definición institucional inmediata, advirtiendo que la Asamblea debería elegir cuanto antes a un nuevo titular para devolverle credibilidad al Ministerio Público y evitar que quede sometido a cualquier gobierno.

Impacto en la Fiscalía de La Paz

La crisis también se sintió en la Fiscalía de La Paz, donde el fiscal departamental Luis Carlos Torrez presentó su renuncia después de que la Policía registrara oficinas de la institución. Los agentes mantuvieron acordado el edificio mientras continuaban las actuaciones vinculadas a la causa.

Especialistas en derecho constitucional señalaron que la detención de Mariaca constituye una situación excepcional y que corresponde a la Asamblea Legislativa intervenir para definir la sucesión, pese a que la legislación permite una medida transitoria basada en la antigüedad.

Contexto y posibles repercusiones

Casos similares de vacíos de poder en la Fiscalía boliviana han generado incertidumbre en la lucha contra el narcotráfico y han alimentado la percepción de una justicia vulnerable a presiones políticas. La actual disputa pone a prueba la capacidad de las instituciones para actuar con independencia y podría influir en la agenda de seguridad del país, especialmente en la zona fronteriza con Brasil y Paraguay, donde el narcoterrorismo ha cobrado fuerza en los últimos años.

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