OEA aprueba por unanimidad resolución que obliga a Nicaragua a cesar la represión y restablecer el voto

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy, en una sesión celebrada en Washington, una resolución que obliga al gobierno sandinista de Nicaragua a poner fin a la represión ilegal y a garantizar el derecho al voto, tras la decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de suspender las elecciones para perpetuarse en el poder.

Impulso argentino y la coalición regional

La iniciativa partió de la diplomacia argentina, que contó con el respaldo de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana. Cada uno de esos países subrayó la urgencia de frenar la erosión de los derechos humanos en Managua y de impedir que la junta sandinista consolide una autoridad autoritaria.

Brasil, México y Uruguay levantan el veto de la no injerencia

Durante el debate, los representantes de Brasil, México y Uruguay, encabezados por Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi, se opusieron a varios párrafos de la propuesta. Argumentaron que la medida vulneraba el principio de no injerencia y que podía afectar intereses estratégicos vinculados a China, Rusia e Irán, países que mantienen relaciones comerciales y de seguridad con el gobierno nicaragüense.

El consenso que selló la aprobación

Tras una larga negociación, que incluyó ajustes de redacción y compromisos de seguimiento, la resolución fue aprobada por unanimidad. Entre los puntos exigidos a Ortega y Murillo están la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, la apertura de un diálogo con todos los sectores políticos y la entrega de recomendaciones concretas en un plazo de sesenta días para impedir la consolidación de decisiones autoritarias.

Antecedentes de la crisis electoral

El 19 de julio, Ortega anunció la supresión definitiva de los derechos electorales, asegurando que “no volverán a haber elecciones”. Días después, el 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que prohibió la participación de partidos opositores y extendió la duración del mandato presidencial de seis a siete años. Esa reforma dejó sin elecciones al país el 1 de noviembre y abrió la puerta para que Ortega y Murillo permanezcan en la cúpula del poder hasta 2033, con una segunda votación prevista para el 18 de enero de 2027.

Implicancias regionales y la mirada internacional

Si la OEA no logra frenar la ofensiva totalitaria, Nicaragua corre el riesgo de profundizar su crisis institucional, lo que podría desestabilizar a los países vecinos y agravar los flujos migratorios que ya afectan a Centroamérica. La resolución, aunque simbólica, marca un precedente de presión colectiva que busca evitar que la ausencia de elecciones se convierta en la norma en la zona.

Próximos pasos del Grupo Ministerial

El Grupo Ministerial de Seguimiento, que se constituirá en las próximas semanas, tendrá la tarea de evaluar la situación en terreno, recoger denuncias de la sociedad civil y presentar un informe al secretario general de la OEA. La comunidad internacional observa con atención, pues el cumplimiento de las exigencias podría abrir la puerta a nuevas sanciones o a la reactivación de diálogos diplomáticos que busquen una salida negociada al estancamiento político nicaragüense.

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