Magistrados de la Ciudad respaldan a la jueza Laura De Marinis tras anular la rebaja de edad de punibilidad

Un centenar de jueces del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires firmó un documento en el que rechazan el pedido de juicio político contra la magistrada Laura Beatriz De Marinis. La jueza había declarado inconstitucional la ley que pretendía bajar la edad mínima de punibilidad, medida que encendió una fuerte polémica entre distintos sectores.

¿Qué buscaba la norma que reducía la edad de punibilidad?

La legislación aprobada a inicios de 2024 establecía que los menores de 16 años podrían ser juzgados bajo el fuero penal adulto cuando se tratara de delitos graves. Sus defensores argumentaron que la medida reforzaría la seguridad y permitiría sancionar conductas que, según ellos, ya no estaban bajo el control familiar.

La decisión de la jueza y la reacción del cuerpo judicial

Al analizar la norma, la magistrada De Marinis sostuvo que vulneraba principios constitucionales, entre ellos el de igualdad y la protección integral de la infancia. Su fallo desencadenó la solicitud de juicio político por parte de algunos legisladores, que lo calificaron como una “ultrajada” a la voluntad popular. En respuesta, más de cien jueces firmaron un escrito en el que califican la medida como un intento de politizar la justicia y defienden la autonomía del Poder Judicial.

Impacto en la agenda de seguridad pública

El episodio reaviva el debate sobre la política de seguridad en la capital. Mientras la oposición sigue presionando por endurecer las penas, organizaciones de derechos humanos advierten que la medida podría generar mayor estigmatización de los menores y dificultar su reinserción. La postura unánime de los magistrados sugiere que, al menos dentro del Poder Judicial, prevalece la visión de que la prevención y la rehabilitación deben seguir siendo pilares del sistema penal juvenil.

Perspectivas para la jueza y el futuro del proyecto de ley

Laura De Marinis ha reiterado que su deber es aplicar la Constitución, no ceder a presiones externas. Con el respaldo de sus colegas, la jueza parece contar con la fuerza institucional necesaria para resistir el intento de juicio político. El proyecto de ley, sin embargo, sigue vivo en el Congreso y podría ser modificado o reemplazado por nuevas iniciativas que busquen equilibrar seguridad y derechos de la infancia.

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