Nuevo reglamento obliga a becarios de Promotores Sociales a presentar antecedentes y declarar exclusividad laboral
El Ministerio de Desarrollo Social impone requisitos de antecedentes y exclusividad laboral a los becarios del Programa Promotores Sociales.
Plazo de 30 días y documentación requerida
Los becarios que hoy perciben la ayuda del Programa de Promotores Sociales disponen de treinta días hábiles, contados a partir del 11 de septiembre de 2026, para presentar a la Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos los certificados que la nueva Resolución N° 3548 exige. Entre los papeles obligatorios se encuentran el certificado de antecedentes penales emitido por la Policía de la Provincia; si el documento supera los seis meses, debe actualizarse a través del Registro Nacional de Reincidencia. También se solicita el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y la constancia de no estar inscripto en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. El incumplimiento dentro del plazo provocará la cancelación automática de la beca.
Declaración jurada y notificación de cambios
Además de los certificados, cada participante debe firmar una declaración jurada donde asegura que no mantiene otra relación laboral, salvo la actividad docente, y que no está involucrado en procesos penales o contravencionales. La norma obliga a comunicar de inmediato cualquier variación en la situación laboral o cualquier imputación que pueda generar incompatibilidad con el beneficio. La medida busca evitar la doble ocupación y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Orígenes y evolución del Programa de Promotores Sociales
El Programa de Becas «Promotores Sociales» nació como una reconversión del anterior esquema de «Promoción del Hábitat, Empleo y Políticas de Género». Desde su puesta en marcha, el programa ha beneficiado a más de 3 000 personas en la provincia, facilitando cursos, pasantías y actividades de intervención en barrios con alta vulnerabilidad. La intención siempre fue impulsar la inserción laboral de jóvenes y adultos en situación de riesgo, al tiempo que se fortalecían iniciativas de desarrollo comunitario.
En los últimos años surgieron casos aislados de beneficiarios que combinaban la beca con otros empleos o que ocultaban antecedentes penales. Ante esa realidad, el gobierno provincial decidió endurecer los criterios de control, alineándolos con las prácticas de otros programas de asistencia social a nivel nacional.
Impacto para los becarios y la comunidad
Para los becarios la nueva normativa representa una carga administrativa adicional, pero también brinda mayor claridad sobre los compromisos necesarios para conservar la ayuda. Las organizaciones sociales de la zona ya anunciaron su disposición a acompañar a los participantes en la gestión de los certificados, subrayando que la medida protege la integridad del programa y evita que fondos públicos se destinen a personas con antecedentes incompatibles.
Desde la perspectiva institucional, la medida refuerza la política de transparencia y control interno del Ministerio de Desarrollo Social, con la mira puesta en recuperar la confianza de la ciudadanía en los recursos destinados a la inclusión laboral y la mejora de la calidad de vida en los barrios cordobeses.
La normativa entrará en vigor de inmediato y se mantendrá vigente mientras continúe el Programa de Promotores Sociales.
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