Universidades y Gobierno retoman la negociación paritaria por la Ley de Financiamiento Educativo
Universidades y el Estado vuelven a la mesa para exigir la aplicación de la Ley 27.795 y la recomposición salarial de los docentes
Este martes a las 11:00 el Palacio Pizzurno volvió a ser la casa de la negociación paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. A la mesa se sumaron los gremios Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de más de sesenta casas de estudio del país.
Docentes exigen la recomposición salarial que marca la Ley 27.795
Los delegados universitarios, acompañados por el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, pidieron que se respete la recomposición salarial establecida por la Ley de Financiamiento Educativo, que lleva 315 días sin aplicarse. La norma obliga a actualizar los sueldos según el índice oficial de inflación y a pagar un retroactivo desde su promulgación en diciembre de 2023. Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA y representante de Fedun, recordó que la ley contempla una reposición del 30 % y advirtió que el Ejecutivo ya no tiene margen para eludir la medida cautelar dictada por la justicia.
Conadu y el paro de 48 horas como presión adicional
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, calificó de “muy contundente” el paro nacional de 48 horas que la federación organizó el jueves y viernes pasados. Chevalier mostró escepticismo respecto a los resultados de la mesa, y subrayó que si el Gobierno no salda la deuda universitaria antes del 1 de septiembre el conflicto podría escalar. La legisladora recordó que la Corte Suprema confirmó la validez de la Ley 27.795 el 25 de junio, rechazando el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.
El CIN lleva el reclamo a la justicia
El Consejo Interuniversitario Nacional, a través de su abogado Pablo Manili, solicitó al magistrado Martín Cormick que imponga multas diarias a los funcionarios que incumplan la norma, desde el subsecretario Álvarez hasta el presidente Javier Milei. Manili explicó que la estrategia judicial busca presionar al Gobierno para que cumpla la medida sin necesidad de una orden directa contra el presidente, usando sanciones económicas y penales por desobediencia.
Impacto en la comunidad universitaria
Más de dos millones de estudiantes, 266 000 docentes y 65 000 empleados no docentes siguen a la expectativa de una solución. La comunidad universitaria teme que la falta de aplicación de la ley vuelva a paralizar aulas y laboratorios, y reclama la restitución de becas y la actualización salarial como condición para evitar nuevas movilizaciones. La presión social se suma a la judicial, generando un escenario de tensión que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y el sector universitario.
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