Sindicato boliviano advierte nueva oleada de protestas tras acabar el subsidio al diésel

El Gobierno de Bolivia puso fin este fin de semana al subsidio al diésel, elevando el precio a 17,95 bolivianos por litro, un salto de casi el 83% respecto a los 9,80 que se pagaban desde enero. La medida, formalizada en el Decreto Supremo 5716 firmado el 18 de septiembre, enlaza el costo del combustible al precio internacional y al gasto de importación.

Reacción de la COB y los transportistas

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó de plano el decreto y convocó un ampliado nacional de emergencia sin fijar fecha, culpando al Ejecutivo de una posible inestabilidad social. La Confederación de Choferes de Bolivia, liderada por Víctor Tarqui, advirtió que el bloqueo será la herramienta del sector si el Gobierno no revierte la norma. Los cisterneros, por su parte, anunciaron que dejarán de cargar y descargar combustible hasta encontrar una solución, mientras en Sucre el transporte urbano retiró unidades como medida preventiva.

Impacto en la canasta básica y la actividad agrícola

El alza del diésel se percibe como un golpe directo a la economía popular y a la canasta básica, según informó La Voz de Tarija. Vendedoras de mercado temen que los precios de los alimentos suban cuando la carga llegue con el combustible más caro. En la zona agrícola de Yapacaní, productores quemaron copias del decreto y convocaron una reunión de emergencia para buscar alternativas que eviten que la subida del diésel encarezca la producción.

Argumentos del Ejecutivo y paquete de compensación

El presidente Luis Arce defendió la medida señalando que el subsidio era insostenible y que su eliminación ahorraría entre 2.000 y 2.600 millones de dólares anuales. El recorte responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional para desbloquear un préstamo de 1.900 millones de dólares. Para amortiguar el golpe, el ministro de Economía Christian Morales anunció un paquete de diez medidas, entre ellas un segundo Bono PEPE de 750 bolivianos pagado en tres cuotas bimestrales y la mantención de la subvención a la gasolina hasta fin de año.

Antecedentes de conflicto y la sombra del estado de excepción

La polémica se inserta en un contexto de protestas masivas entre mayo y julio, cuando la COB y la Federación de Campesinos de La Paz paralizaron gran parte del territorio exigiendo la renuncia del presidente Arce, provocando pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares y dejando un saldo de entre 16 y 22 muertos. Tras esos hechos, Arce decretó estado de excepción el 20 de junio, prorrogado recientemente por la Asamblea por otros 90 días, lo que limita las concentraciones masivas y prohíbe nuevos bloqueos. La incógnita ahora es si los ampliados de la COB y de los choferes escalarán a bloqueos a gran escala bajo el marco restrictivo vigente.

Mientras la población espera respuestas, la presión sobre el Ejecutivo se intensifica. Los gremios siguen organizando asambleas y la expectativa es que, si el gobierno no vuelve a abrir la puerta al subsidio o a medidas compensatorias más robustas, la respuesta de la calle podría superar la fase de advertencias y pasar a acciones de bloqueo que pongan a prueba la vigencia del estado de excepción.

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