Primer juicio en Honduras contra ex alto mando militar por atacar a la prensa

El 1 de septiembre una jueza de Tegucigalpa dictó auto de formal procesamiento contra el general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto y exsecretario de Defensa bajo la administración de Xiomara Castro. La audiencia preliminar quedó fijada para el 14 del mismo mes y la causa se centra en la acusación de incitación a la discriminación y de limitar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión.

Antecedentes que alimentan la polémica

El proceso no surgió de la nada. Durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Nasry Asfura el 27 de enero de 2026, la tensión entre las Fuerzas Armadas y los medios se encendió. En noviembre de 2024 el Auditor Jurídico Militar presentó una denuncia contra doce medios alegando calumnias y difamación, y el 9 de marzo de 2025, día de las primarias, la entrega de material electoral se retrasó en el 72 % de los centros de votación bajo custodia militar.

La periodista hondureña Thelma Mejía, directora de la Red Centroamericana de Periodistas, denunció que ese retraso provocó una ola de hostilidad contra la prensa. Los reporteros pidieron al Ministerio Público que investigara los hechos, lo que, según Mejía, encendió la irritación de Hernández.

La campaña de difamación

El 26 de mayo de 2025 la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” sacó una edición titulada Sicarios de la verdad, señalando a los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra como difusores de información falsa. La pieza se acompañó de publicaciones en redes sociales y de un ataque público de Hernández contra el periodista José Adán López, acusándolo de vínculos con el crimen organizado.

Al mismo tiempo, se colocaron mantas en varios puntos de Tegucigalpa con la frase “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”. El grupo que se adjudicó esas pancartas se identificó como Movimiento Popular Hondureño, aunque no estableció vínculo directo con la institución militar.

El contexto de violencia contra la prensa

Un informe de C‑Libre mostró un aumento del 19,6 % en agresiones a medios y defensores de derechos humanos durante el ciclo electoral. Según ese estudio, el 49 % de los ataques provenían de las Fuerzas Armadas, el 22,8 % de funcionarios del gobierno de Castro y el 17 % de la Policía Nacional.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su reporte anual de 2025, alertó sobre una “progresiva erosión del debate público” y señaló que las fuerzas armadas hondureñas habían usado tanto discursos públicos como la amenaza de procesos penales para intimidar a periodistas que investigaban sus acciones.

Presión de la sociedad civil y expectativas de cambio

Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), explicó que la investigación no habría llegado tan lejos sin la presión constante de periodistas y ONG. “Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte durante tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal”, afirmó.

Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), advirtió que la presentación del caso en noviembre de 2025, justo antes del cambio de gobierno, podría generar sospechas sobre motivaciones políticas. Sin embargo, sostuvo que la causa tiene el potencial de convertirse en un parteaguas para sancionar actos de coerción contra la prensa y sentar jurisprudencia en un país donde la impunidad sigue siendo alta.

Para Mejía, el proceso también representa una barrera frente a futuras tensiones con la nueva administración. “Creemos que en este gobierno probablemente no se vivirá la confrontación con los medios tan fuerte como en el pasado, pero eso no significa que no habrá intentos de controlar la opinión”, concluyó.

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