Prestadores de salud exigen al Estado el pago inmediato de deudas a pacientes con discapacidad

El Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba confirmó el 23 de junio de 2026 la sentencia que obliga a PAMI e Incluir Salud a regularizar los pagos pendientes a los profesionales y centros que atienden a titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad. Ante la ausencia de abonos, la abogada Marta Lastra lanzó una convocatoria urgente para que clínicas, terapias, transportistas y farmacias del país informen los montos que les adeudan los organismos.

Convocatoria para mapear la deuda

La iniciativa de Lastra busca recopilar la documentación que demuestre cada importe impago y elaborar una auditoría técnica que pueda confrontarse con los informes del Ministerio de Salud, los cuales afirman que los fondos del sector están regularizados. La idea es transformar esa información en evidencia judicial y presionar a los entes a cumplir lo dictado por la justicia.

Alcance nacional del fallo

El amparo colectivo presentado por la letrada se convirtió en medida cautelar de urgencia el 18 de mayo de 2026, cuando el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó el restablecimiento inmediato de los pagos. La sentencia definitiva, emitida el 23 de junio, reconoce atrasos de hasta cinco meses y extiende su cobertura a todos los beneficiarios de pensiones no contributivas que posean Certificado Único de Discapacidad en todo el territorio nacional, así como a los profesionales que garantizan sus tratamientos.

Impacto en usuarios y proveedores

Las demoras en el abono de honorarios golpean la economía de los prestadores, que deben afrontar impuestos, cargas sociales y gastos corrientes con intereses crecientes. La falta de recursos también pone en riesgo la continuidad de los tratamientos: se registran suspensiones de cirugías, demoras en la autorización de cambios de botón gástrico y dificultades para acceder a medicamentos oncológicos. “No se puede sostener el servicio con el aire”, advirtió la abogada.

Además, los valores del nomenclador siguen por debajo de los aranceles fijados por los colegios profesionales, lo que agrava la situación financiera y reduce la calidad de la atención que reciben las personas con discapacidad.

Denuncia penal y reclamos a la Superintendencia

Paralelamente al amparo colectivo, se interpuso una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación. La información recabada en el relevamiento será incorporada a esa causa, con el objetivo de evidenciar dilaciones y respuestas evasivas por parte de los organismos encargados del financiamiento.

Lastra también solicitó que la Superintendencia de Servicios de Salud no se sume a los incumplimientos de PAMI e Incluir Salud, subrayando que la combinación de discapacidad y pobreza constituye la peor forma de vulnerabilidad social.

Objetivos del relevamiento

El relevamiento pretende presentar a la justicia una visión clara de la magnitud de la deuda: no se trata solo de listar números, sino de mostrar la situación real de cada prestador en los distintos sectores de la Argentina. Con esos datos, la defensa espera que el Estado cumpla con lo ordenado y garantice la continuidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad.

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