EE UU. sanciona al fiscal boliviano Roger Mariaca y desata el dilema del gobierno de Rodrigo Paz

El 15 de septiembre la embajada de Estados Unidos en La Paz emitió un comunicado en el que dejó clara su intolerancia ante la “narco‑política” en América Latina y anunció la revocación de visas y sanciones a funcionarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Entre los nombres señalados, el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, quedó en el centro de la tormenta.

El comunicado y la lista de sancionados

El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, describió a Mariaca como parte de una trama que habría aceptado sobornos para facilitar el tráfico de cocaína y proteger a criminales violentos. La medida lo declara inelegible para ingresar a EE UU. La restricción se extiende a su cónyuge y a sus hijos menores, una señal clara de que Washington no piensa aflojar.

Junto al fiscal, la lista incluye al fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, la jueza Albania Chane Caballero Saavedra, el ex ministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne y el coronel de la Policía Boliviana Frans William Cabrera Quispe, entre otros altos cargos judiciales y de seguridad.

Antecedentes de Roger Mariaca

Mariaca fue designado fiscal general en octubre de 2024 por una asamblea mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS). Su mandato, que se extiende hasta 2030, se construyó sobre una carrera como fiscal en Santa Cruz de la Sierra, donde, según fuentes locales, cultivó contactos con redes narcotraficantes. En el barrio Las Palmas de la capital santacruceña se refugió durante años el narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado con apoyo de la DEA y trasladado a EE UU.

Las investigaciones bolivianas apuntan a que Mariaca habría brindado protección judicial a Marset y a otros capos, lo que alimenta la acusación de “protección narco” y justifica la medida estadounidense.

Respuesta del gobierno interino

El presidente interino Rodrigo Paz, que asumió tras la renuncia de Luis Arce, sostuvo que los acusados deberán comparecer ante la justicia boliviana. Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Oviedo, insistieron en la necesidad de que el Poder Judicial actúe con independencia, pese a la posición clave de Mariaca dentro del sistema.

Paz denunció la “injerencia” de EE UU., pero reconoció que la presión obliga a reforzar los mecanismos de control y transparencia. La postura del gobierno busca equilibrar la defensa de la soberanía con la urgencia de recuperar la confianza ciudadana.

Implicancias para la justicia boliviana

El comunicado estadounidense dejó claro que Washington empleará todas sus herramientas para desenmascarar a funcionarios que faciliten la corrupción y el narcotráfico. Bolivia enfrenta un doble reto: demostrar que sus instituciones pueden investigar y sancionar a sus propios miembros sin depender de presiones externas y, al mismo tiempo, evitar que la crisis de confianza erosione la ya frágil relación con Washington.

El caso revive la sombra de la ruptura diplomática iniciada por Evo Morales, quien expulsó a diplomáticos norteamericanos y se acercó a gobiernos como Cuba, Irán, Venezuela, Rusia y China. Aquella decisión, según analistas, abrió brechas que facilitaron la expansión del narcotráfico en la región.

Con el reloj corriendo, los órganos judiciales bolivianos deberán decidir si inician procesos penales contra los sancionados o si la presión externa seguirá marcando la agenda interna. La respuesta de Paz será observada de cerca tanto por la ciudadanía cordobesa como por los vecinos sudamericanos, que temen una escalada de la narco‑política en la zona.

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