Desastre en La Guaira: el colapso de viviendas chinas tras los sismos de junio

El 24 de junio de 2024 dos temblores de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa norte de Venezuela, dejando más de 6.500 muertos y cientos de desaparecidos. La mayor parte de la destrucción se concentró en La Guaira, donde edificios construidos bajo convenios con China se convirtieron en montañas de escombros. Desde la madrugada, la población quedó sin techo, sin energía eléctrica y con la incertidumbre de si lo que quedó en pie resistirá otro movimiento telúrico.

Epicentro y profundidad que intensificaron el daño

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el primer sismo cerca de Yumare, en el estado Yaracuy, y el segundo justo frente a la costa de La Guaira, a apenas 10 kilómetros de profundidad. Esa posición tan superficial amplificó la intensidad de las sacudidas en zonas densamente pobladas, provocando derrumbes masivos y colapsos estructurales en los barrios más vulnerables.

Obras chinas bajo la lupa tras el temblor

En los últimos años el gobierno venezolano firmó una serie de convenios con empresas chinas como Citic Construction y China CAMC Engineering para levantar complejos habitacionales bajo el llamado Fondo Conjunto Chino‑Venezolano. La idea era financiar miles de viviendas a cambio de crudo a precios de banana, pero la ausencia de planos públicos y de supervisión civil dejó a la autoridad venezolana sin acceso a los detalles constructivos.

Reuters informó que en un desarrollo de 1.100 unidades en La Guaira gran parte de la obra se vino abajo en cuestión de minutos. Ingenieros locales pidieron una auditoría inmediata de los edificios que quedaron en pie, pero la falta de documentación y la cláusula de confidencialidad de los contratos dificultaron cualquier inspección.

Contratos opacos y financiamiento atado al petróleo

Según Transparencia Venezuela, el Fondo Chino movilizó cerca de 50.000 millones de dólares vinculados a la exportación de petróleo venezolano. A cambio, las compañías chinas obtenían la adjudicación de obras de infraestructura, vivienda y redes eléctricas sin pasar por procesos de licitación abiertos. La falta de registro público de los acuerdos permitió incluir cláusulas que prohibían la divulgación de costos y especificaciones técnicas.

Impacto social y político del colapso

Más de 30.000 familias quedaron sin techo en La Guaira y en la zona metropolitana de Caracas. La escasez de viviendas dignas, sumada a la percepción de que los edificios derrumbados fueron construidos sin los controles habituales, encendió un debate sobre la dependencia de Venezuela de la financiación china y la ausencia de una fiscalización independiente.

Armando.info reveló que un acuerdo de 2005 para construir 20.000 viviendas incluía una cláusula de confidencialidad que impedía a cualquier entidad venezolana revisar los costos ni la calidad de los materiales. Esa práctica se repitió en varios proyectos, generando sospechas de sobreprecios y corrupción que ahora resurgen con fuerza en la agenda pública.

Lecciones para la región latinoamericana

El caso venezolano se suma a otras experiencias en la región donde la cooperación con China ha significado grandes obras, pero también una falta de transparencia que complica la rendición de cuentas. Cuando un desastre natural golpea estructuras levantadas bajo esos esquemas, la consecuencia no es sólo la pérdida de vidas, sino la pérdida de confianza en la gestión pública.

Con la comunidad internacional y organismos de derechos humanos observando de cerca la reconstrucción, la presión sobre Caracas para que audite y, de ser necesario, demuele los edificios que no cumplan con normas de seguridad, se vuelve cada vez más urgente.

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