Una de cada tres consultas a la Defensoría de Córdoba se centran en la vivienda

El pasado 1 y 2 de octubre Río Cuarto fue el escenario del II Plenario de la Asociación de Defensoras y Defensores de la República Argentina (ADPRA). La reunión congregó a representantes de defensorías de todas las provincias y, entre los temas de la agenda, la crisis del acceso a la vivienda tomó un lugar destacado.

Alquileres que pesan en la agenda cordobesa

Desde la Defensoría del Pueblo de Córdoba se presentó un relevamiento elaborado por el Centro Público de Mediación Comunitaria. Según la coordinadora del área, Mónica Cornaglia, una de cada tres consultas que recibe el centro está vinculada al acceso a una vivienda digna. Ese dato refleja la magnitud del problema en la provincia, donde el aumento sostenido de los alquileres se combina con la pérdida de empleo y la dificultad para cubrir los gastos mensuales.

Los indicadores oficiales indican que cerca del 40 % de los cordobeses no cuenta con posibilidades reales de acceder a una vivienda propia o en condiciones adecuadas. La presión sobre los inquilinos se traduce en un círculo vicioso: la falta de ingresos estables dificulta el pago del alquiler, y la imposibilidad de pagar genera desalojos y exclusión territorial.

Adultos mayores y personas con discapacidad en la cuerda floja

En el mismo plenario se presentó la llamada «Canasta de Personas Mayores». La información muestra que la jubilación mínima cubre apenas el 69 % del costo de esa canasta, que incluye medicamentos, servicios y alimentos, pero excluye los alquileres. La brecha obliga a muchos jubilados a destinar gran parte de su pensión a la morada, dejando menos recursos para salud y alimentación.

La delegación cordobesa también adelantó un diagnóstico sobre la crisis que afecta al sector de la discapacidad. La falta de cobertura médica, la escasez de turnos y la dificultad para recibir prestaciones se agudizan cuando la vivienda adecuada se vuelve inalcanzable, generando un impacto acumulado en la calidad de vida de estas familias.

Más allá de la vivienda: seguridad digital y cooperación interprovincial

Como muestra de la amplitud de los desafíos que enfrentan los defensores de derechos, Córdoba presentó una campaña de ciberseguridad pensada para ser replicada en otras defensorías. La iniciativa busca frenar el crecimiento de los delitos en entornos digitales, un tema que, aunque distinto a la vivienda, evidencia la necesidad de respuestas integrales.

El encuentro de ADPRA permitió comparar experiencias y trazar líneas de acción conjuntas. En el caso de la vivienda, la presión de los inquilinos cordobeses quedó clara: la defensa del derecho a una morada digna pasa ahora por políticas de control de precios, fomento del alquiler social y medidas que garanticen la estabilidad laboral.

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