Fiscalía denuncia el sobreseimiento de un menor de 14 años por la jueza Marinis

Decisión que sobreseyó a un menor de 14 años

El juzgado penal juvenil, contravencional y de faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de la magistrada Laura Beatriz de Marinis, dictó una resolución que dejó sin procesamiento a un chico de 14 años acusado de una falta menor. La medida, que prioriza la protección del menor frente a la persecución penal, se produjo este martes en la sede del juzgado.

Fiscalía argumenta vulneración del principio de legalidad

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal, a cargo del caso, presentó de inmediato un recurso de apelación. Según el fiscal, la resolución vulnera el principio de legalidad y debilita la seguridad pública, pues aunque la conducta sea considerada de baja gravedad, la normativa exige una sanción que evite la impunidad y la posible reincidencia.

Marco legal del fuero juvenil en Argentina

El Código Penal argentino establece que los menores de 14 años son inimputables. Entre los 14 y 17 años, la ley permite aplicar medidas de protección y sanciones especiales, buscando equilibrar la defensa del menor con la necesidad de responder a la comisión de delitos. La jurisprudencia reciente ha generado un terreno fértil para debates como el que se vive ahora.

Reacciones de juristas y sociedad cordobesa

En Córdoba, la polémica ha encendido discusiones entre abogados, organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía. Algunos analistas advierten que el sobreseimiento indiscriminado puede alimentar la percepción de una justicia blanda con los jóvenes infractores. Por otro lado, defensores de la infancia insisten en la importancia de la reintegración y la asistencia psicosocial como respuesta prioritaria.

Qué sigue: la apelación ante la Cámara de Apelaciones

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal será quien evalúe el recurso presentado por la Fiscalía. Si mantiene la decisión de la jueza, se abriría una puerta para que otros juzgados adopten criterios semejantes, lo que podría reconfigurar la justicia juvenil tanto en la capital como en la provincia de Córdoba. En caso de revocación, se enviaría un mensaje claro de que la comisión de delitos por menores no queda exenta de consecuencias penales.

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