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Irán denuncia la nueva ronda de sanciones estadounidenses como violación del derecho internacional

Irán denuncia la “Operación Paria Económico” como una agresión que vulnera la Carta de la ONU y afecta a su población.

El viernes 28 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán emitió una advertencia oficial contra la última oleada de sanciones impuestas por Washington, señalando que el derecho internacional obliga a los estados a no aplicarlas ni reconocerlas.

Irán califica la “Operación Paria Económico” de agresión

El comunicado describió la medida anunciada por EE.UU. el lunes como una extensión de la “guerra” que, según Teherán, comenzó con la invasión de Ucrania el 28 de febrero y la presión subsecuente sobre Irán. Desde la perspectiva persa, la sanción constituye una violación grave de la Carta de la ONU y un acto de “terrorismo de Estado”.

Impacto sobre la población iraní

Las autoridades persas sostienen que la iniciativa busca generar dolor al pueblo, privándolo de derechos humanos básicos y de acceso a bienes esenciales. Por eso califican las sanciones de crimen internacional y de lesa humanidad, e instan a la comunidad internacional a actuar para proteger el Estado de derecho y evitar que se vulneren los derechos de los ciudadanos.

Repercusiones en el estrecho de Ormuz y la región

Seis meses después de la primera ofensiva económica, el estrecho de Ormuz sigue bajo vigilancia. La zona, clave para el tránsito de crudo, se ha convertido en un punto de presión que afecta tanto a la economía iraní como a los mercados globales. Irán advirtió que cualquier país que colabore con la “guerra económica” será considerado un enemigo.

Antecedentes de la presión estadounidense

Desde 2022 Washington intensificó su política de sanciones con el objetivo de aislar al régimen y limitar su capacidad de financiar el programa nuclear y a grupos que considera terroristas. La “Operación Paria Económico” pretende cortar todas las vías financieras, desde transacciones bancarias hasta la exportación de petróleo, con la esperanza de forzar una renegociación de los acuerdos nucleares.

Irán, por su parte, asegura que su programa nuclear es pacífico y que la presión solo agrava la crisis humanitaria. El gobierno persa mantiene la disposición de dialogar, pero bajo la condición de que se levanten las sanciones y se respete su soberanía, mientras la comunidad internacional observa con cautela la escalada económica y sus posibles efectos en la estabilidad regional y los precios del crudo.

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