Los hijos de Ortega y Murillo lideran la fase final de la reforma constitucional en Nicaragua

Este jueves 27 de agosto se cerró la etapa de consultas que el gobierno sandinista ha utilizado para validar la reforma constitucional anunciada el 19 de julio. La última reunión contó con la presencia de la Juventud Sandinista y, según el cronograma de la copresidenta Rosario Murillo, el 1 de septiembre se publicarán las conclusiones y el proyecto pasará a la Asamblea Nacional, donde la mayoría sandinista lo aprobará en primera lectura.

Avance de la fase de consultas y cifras oficiales

Hasta el 22 de agosto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea y coordinador de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, había registrado 92.832 participantes procedentes de 25 sectores diferentes, combinando presencia física y conexiones virtuales. La meta prevista incluía 30 encuentros, y entre los asistentes se encontraban militares, policías, funcionarios, alcaldes, empresarios, banqueros, mineros, docentes, comunicadores, artistas, médicos y representantes de iglesias.

Lo que se escuchó dentro de las salas

Los informes oficiales describen un respaldo unánime, con palabras como “confianza”, “esperanza” y “apoyo” repitiéndose en los documentos. No se registró ninguna objeción pública que obligara a modificar sustancialmente el proyecto. Porras dejó claro desde la primera reunión que el objetivo era meramente informativo, sin votaciones ni encuestas que registraran posiciones a favor o en contra.

La familia Ortega Murillo en el centro del proceso

Una de las particularidades más llamativas es la presencia de los hijos de los copresidentes. Daniel Edmundo Ortega Murillo, a cargo del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, encabezó la consulta de comunicadores el 4 de agosto, proclamando su “firme y total respaldo” al proyecto y acusando a los críticos de promover “terrorismo mediático” y “golpismo”.

Una semana después, Camila Ortega Murillo, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, tomó la palabra ante representantes de mipymes y la economía creativa, declarando que la reforma era “para el bienestar y la prosperidad de nuestra Nicaragua” y que, como hijos que aman la patria, tenían la responsabilidad histórica de garantizar la justicia y la paz.

Laur​eano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional, asistió a consultas con empresarios y con el sector minero, asegurando que las reformas ofrecerían “más seguridad y estabilidad” a la inversión privada. Maurice Ortega Murillo, delegado de la Presidencia para la promoción y desarrollo del deporte, participó en la sesión con deportistas, subrayando que los cambios fortalecerían la soberanía sin “pistolas en la cabeza”.

Rafael Ortega Murillo estuvo presente en la reunión de comunicadores, aunque su intervención no quedó registrada en las transcripciones oficiales. Los demás hijos – Juan Carlos, Carlos Enrique y Luciana – no han aparecido públicamente en el proceso.

Voces disidentes bajo la sombra del temor

Aunque los informes oficiales pintan unanimidad, algunas fuentes anónimas entrevistadas por la plataforma Confidencial describieron las sesiones como meras presentaciones informativas, sin espacio real para el debate. Un empresario confesó: “Nadie dijo nada porque todos sabemos que es muy peligroso expresar inconformidades en voz alta”. Otro admitió temer represalias económicas si se mostraba crítico, y una tercera fuente señaló que los argumentos del gobierno eran fácilmente desmontables, pero nadie se atrevía a confrontarlos.

El único cuestionamiento público surgió del embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz, quien preguntó durante la primera sesión si las futuras elecciones contarían con observación electoral independiente. Porras respondió que sólo habría “acompañantes” electorales, sin organismos externos.

Orígenes y alcance de la reforma constitucional

Las consultas se remontan al discurso de Ortega del 19 de julio, cuando, en el aniversario de la revolución sandinista, anunció que impediría que supuestos “golpistas” vuelvan al poder mediante elecciones. Días después, la Asamblea Nacional aprobó el inicio de los análisis constitucionales, presentando un proyecto que plantea periodos de siete años para cargos electivos, la constitucionalización de la exclusión de opositores calificados como “traidores” y la fijación de la toma de posesión de la copresidencia al 18 de enero.

Porras intentó matizar la frase de Ortega, asegurando que no se pretendía eliminar las elecciones, sino evitar que los llamados “golpistas” puedan volver a ocupar cargos. Sin embargo, la combinación de consultas controladas, la presencia de la familia gobernante y la ausencia de críticas públicas alimenta la sospecha de que el proceso busca consolidar el poder del Frente Sandinista bajo un marco legal que limite la competencia.

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