Bolivia rechaza a Luis Montaño como fiscal interino y entrega la sucesión al Congreso

El Ejecutivo niega a Luis Montaño como fiscal general interino

El gobierno de Bolivia, bajo la presidencia de Rodrigo Paz, anunció este lunes que no reconoce la designación de Luis Montaño como fiscal general provisional. La medida se produce apenas horas después de la detención del titular del Ministerio Público, Roger Mariaca, y transfiere la responsabilidad de nombrar al nuevo máximo responsable al pleno de la Asamblea Legislativa.

Operativo que culminó con la captura de Roger Mariaca

Roger Mariaca, electo en 2024 para un periodo de seis años, fue arrestado en una acción conjunta que involucró a trece personas, entre fiscales, funcionarios judiciales y un jefe policial. La acusación oficial sostiene que el exfiscal encabezó una red criminal dentro del Ministerio Público, facilitando el tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.

Entre los detenidos se encontraba Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, excandidato del Movimiento al Socialismo. El operativo también buscó al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien había escapado de una redada en Santa Cruz en 2023 y fue recapturado en marzo.

Acusaciones contra Luis Montaño

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que Montaño ejerce funciones sin respaldo legal y que intentó apartar a fiscales que investigaban a los detenidos. “De manera ilegal e ilegítima, está usurpando funciones al autodenominarse fiscal general”, afirmó, y advirtió que el hombre será detenido si persiste en su accionar.

Gálvez pidió esperar una evaluación jurídica antes de definir la sucesión, subrayando que el caso “todavía está en evolución” y que la ciudadanía debe tener paciencia.

Presión de Estados Unidos y revocación de visas

La captura de Mariaca coincidió con la revocación, por parte de Washington, de los visados de varios altos funcionarios bolivianos, incluido el propio fiscal. El Departamento de Estado acusó a los involucrados de corrupción grave, de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de ayudar a personas investigadas por delitos violentos a evadir la justicia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó al presidente Rodrigo Paz y sus medidas contra el crimen organizado, señalando que la anulación de visas es una herramienta de presión contra gobiernos que toleran la delincuencia transnacional.

Contexto político y repercusión institucional

La polémica sobre la sucesión del Ministerio Público no es la primera confrontación entre el Ejecutivo y la rama judicial en Bolivia. En los últimos años, varios fiscales fueron removidos o sustituidos tras investigaciones que involucraron a políticos y empresarios vinculados al narcotráfico, generando debates sobre la independencia del órgano y su capacidad para perseguir casos de alto perfil.

Al delegar la decisión al Legislativo, el gobierno busca evitar una nueva escalada institucional y garantizar que la designación cuente con el respaldo constitucional necesario. La Asamblea Legislativa deberá convocar a los partidos para definir al próximo fiscal general, una tarea que probablemente se convierta en otro punto de fricción entre la oposición y la coalición oficialista.

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