Delcy Rodríguez impulsa reforma parcial de la Ley contra el odio y reconoce su uso indebido
La mandataria venezolana impulsa una reforma parcial de la polémica ley y admite su aplicación errónea
El martes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó una solicitud formal para iniciar una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, una norma que ha sido señalada repetidamente como herramienta de persecución contra opositores y periodistas.
Carta que encendió la discusión
El pedido llegó mediante una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que la mandataria exigió que el proyecto sea tratado con carácter de urgencia. Según explicó, la reforma forma parte de un paquete de medidas destinadas a transformar el sistema de justicia penal y abrir espacios para una convivencia democrática.
Admisión de errores en la aplicación
Horas después de presentar la solicitud, Delcy Rodríguez admitió en un acto en Portuguesa que la ley había sido «mal aplicada» y que se había hecho un uso abusivo de la misma. Aun así, defendió los principios que motivaron su creación, como la tolerancia y el rechazo al odio, y propuso sustituir el odio por el amor y la intolerancia por la convivencia.
Historia de la normativa
La Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y presidida en aquel momento por la propia Delcy Rodríguez. Desde su promulgación, organizaciones de derechos humanos y colectivos de prensa denunciaron su uso como mecanismo para perseguir a la disidencia y restringir la libertad de expresión. La norma tipificó la promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia como delito, con penas que iban de diez a veinte años de prisión y sanciones para medios de comunicación y plataformas digitales.
Reacciones de la oposición y la sociedad civil
La delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que actualmente participa en el proceso de diálogo con el gobierno, recibió la iniciativa con cautela. Señaló que cualquier modificación debe garantizar garantías concretas para los ciudadanos y vinculó la reforma al objetivo de una reinstitucionalización democrática y a la celebración de elecciones libres y transparentes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas exigieron la derogación total de la ley, argumentando que la despenalización de penas de prisión no es suficiente mientras persistan disposiciones que permiten bloquear portales, revocar concesiones de radio y televisión o imponer multas a los medios. La ONG Espacio Público y la organización Provea, representada por Óscar Murillo, también solicitaron la eliminación inmediata de la norma, calificándola de punitiva y discrecional.
Perspectivas en el Parlamento
El Parlamento venezolano deberá ahora analizar la iniciativa presentada por Delcy Rodríguez. El debate se produce después de que Jorge Rodríguez, en febrero, reconociera públicamente el uso inadecuado de la ley y planteara la posibilidad de modificarla. La expectativa es que la reforma, de concretarse, reduzca las penas de prisión y elimine los mecanismos que han sido empleados para censurar a los medios, aunque la oposición insiste en que la única solución viable es la derogación completa de la normativa.
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