Ortega y la transformación de Nicaragua: de revolución sandinista a régimen autoritario

El 19 de julio de 2024 el presidente Daniel Ortega, frente a la Plaza de la Revolución en Managua, anunció que “no volverá a haber elecciones para que intenten atrapar al Gobierno”. El discurso, pronunciado en el 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, cerró de forma definitiva la ilusión de un proceso electoral libre y marcó el último paso de un proceso que arranca a inicios de los 2000.

Los primeros ajustes institucionales

Tras perder las urnas frente a Violeta Chamorro en 1990, Ortega pactó con el entonces presidente Arnoldo Alemán, conocido por su historial de corrupción, una reforma de la ley electoral que redujo el quórum de la primera vuelta. Esa maniobra abrió la puerta a su regreso al poder en 2006 y, poco después, impulsó la eliminación de la prohibición constitucional de la reelección. Cada cambio legislativo se convirtió en una pieza del rompecabezas que hoy sostiene una dictadura sin contrapesos.

La masacre de 2018 y la escalada de la represión

El punto de inflexión se dio en 2018, cuando el gobierno intentó reformar el sistema de pensiones. Las protestas populares se tornaron sangrientas; la policía y grupos paramilitares dejaron al menos 300 manifestantes muertos. Desde entonces, la violencia estatal no hizo más que intensificarse, convirtiendo a Nicaragua en una de las dictaduras más temidas del continente.

El cierre de la arena política en 2024

En agosto y septiembre de 2024 el Parlamento anuló las elecciones municipales y generales, extendiendo indefinidamente el mandato de Ortega y declarando al país ajeno a cualquier resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA). La persecución se amplió a políticos, periodistas, empresarios y líderes cívicos; siete precandidatos, entre ellos Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, fueron detenidos bajo la acusación de “traición a la patria” y recluidos en la cárcel de El Chipote.

Represión contra la Iglesia y la sociedad civil

La Iglesia Católica, única institución que mantuvo cierta independencia moral, sufrió una ola de expulsiones: 309 religiosos, incluidos ocho obispos, fueron forzados a abandonar el país. Monseñor Rolando Álvarez, condenado sin juicio a 26 años, terminó exiliado al Vaticano. Congregaciones como las Misioneras de la Caridad vieron sus actividades clausuradas y las cuentas bancarias de las diócesis fueron congeladas, mientras la policía grababa oficios religiosos para intimidar.

Complicidad regional y la sombra de una nueva dinastía

Brasil y México, los únicos países que aún dialogan con el régimen, se han mantenido al margen de las resoluciones de la OEA, que desde 2018 ha emitido veinte medidas para presionar a Ortega. La postura de ambos gobiernos, bajo la excusa del “diálogo” o la “no injerencia”, se percibe como una complicidad tácita con una dictadura que, al igual que la dinastía Somoza, busca perpetuarse bajo la figura de un “reyezuelo” moderno.

Hoy Nicaragua no cuenta con una oposición organizada; desaparecen personas, se registran asesinatos bajo custodia policial y una red de represión se extiende más allá de sus fronteras, como el caso del ex mayor del ejército, Roberto Samcam Ruíz, asesinado en Costa Rica por un sicario vinculado al régimen. La pregunta que queda es si la comunidad internacional está dispuesta a frenar la consolidación de otro Estado autoritario en América Latina.

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