Guyana recibe a seis migrantes bajo el programa de retorno voluntario asistido de EE. UU.

El lunes la Cancillería de Guyana confirmó la llegada de seis personas que fueron expulsadas de Estados Unidos en el marco de un convenio provisional firmado durante la administración Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, Robert Persaud, recordó que el acuerdo lleva un año de vigencia y se concretó tras varios meses de negociaciones entre ambas partes.

Un acuerdo que lleva un año en vigencia

El pacto, conocido como Retorno Voluntario Asistido, no contempla la instalación permanente de los migrantes en territorio guyanés. Cada caso será analizado de forma individual y, una vez cerrado el expediente, los beneficiarios podrán regresar a su país de origen o elegir un tercer destino que les resulte viable. La normativa exige que los deportados no tengan antecedentes penales y que hayan aceptado de manera voluntaria el traslado a Guyana.

Cómo funciona el Retorno Voluntario Asistido

El programa se basa en la asistencia logística y administrativa que brinda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La entidad cubre gastos de alojamiento, alimentación y acompañamiento mientras la estadía sea temporal. El Estado guyanés, sin embargo, dejó claro que no asumirá costos de asistencia ni de alojamiento, delegando esas tareas a la OIM.

Reacciones del gobierno y la OIM

El presidente Irfaan Ali presentó la medida como una muestra de la política de cooperación internacional de su gobierno y como un gesto de respeto a los derechos humanos. La Cancillería subrayó que la presencia de los seis migrantes será transitoria y que no se trata de una vía de reasentamiento permanente. Por su parte, la OIM reiteró su compromiso de velar por la dignidad de los individuos y de garantizar que se cumplan los estándares internacionales en cada caso.

Guyana y la red de países receptores

Con este paso, Guyana se incorpora a una lista de más de treinta naciones que firmaron acuerdos similares con Washington para recibir a migrantes expulsados, aunque no sean ciudadanos del país receptor. En el Caribe, San Cristóbal y Nieves, Belice y Santa Lucía ya han acogido contingentes reducidos bajo la misma lógica. Más al sur, Suazilandia informó a fines de agosto que recibió a dos latinoamericanos bajo un acuerdo de 5,1 millones de dólares, generando críticas de organizaciones de derechos humanos.

Retos y preguntas pendientes

El programa se inserta en una fase de intensificación de expulsiones por parte de la Casa Blanca, que busca trasladar a personas sin antecedentes penales a terceros países. La llegada de los seis migrantes a Guyana plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado y de la OIM para gestionar la estadía temporal y garantizar que se respeten los derechos de los individuos involucrados. Mientras tanto, el gobierno guyanés mantiene la postura de aceptar solo un número limitado de casos, subrayando que la medida no constituye una vía de reasentamiento permanente.

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