China presiona a la Argentina para silenciar un foro sobre derechos humanos

En los últimos días la Cancillería recibió una solicitud oficial de la embajada de Beijing para anular un debate programado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, titulado “El Sistema Internacional de Derechos Humanos bajo presión: ¿reforma, resistencia o colapso?”, había sido organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y contaba con la participación del activista uigur Dolkun Isa.

Cancelación del foro en la Legislatura porteña

Tras la llamada diplomática, funcionarios del Poder Ejecutivo contactaron de inmediato a los legisladores y retiraron la autorización del evento. El embajador Wang Wei, quien encabezó la petición, fue atendido sin que la presión quedara en la esfera pública. La conferencia fue reubicada en otro recinto, pero la maniobra dejó al descubierto la capacidad de Beijing para intervenir en espacios de debate críticos dentro del territorio argentino.

La Ley de Unidad Étnica y su proyección internacional

El episodio se inscribe en la estrategia que el Partido Comunista Chino está desplegando con la recién aprobada Ley de Unidad Étnica. La normativa obliga a escuelas, instituciones religiosas y familias a promover la “unidad étnica” definida por el PCC, imponiendo el mandarín como lengua obligatoria y condicionando la práctica religiosa a la lealtad al Estado. Según el activista Omer Kanat, “todos los niños deben ser educados para amar al Partido y cualquier fe solo se permite si se adapta al Estado”.

Dolkun Isa, víctima de la presión china en Marruecos

Dolkun Isa, ex presidente del Congreso Mundial Uigur y exiliado en Alemania, había sido invitado a la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa en Casablanca. A horas de su llegada, autoridades marroquíes, bajo presión de Beijing, lo retuvieron durante más de 15 horas y lo enviaron de regreso a Europa sin ofrecer explicaciones. El Congreso Uigur Mundial denunció el hecho como parte de un patrón de represión transnacional.

Repercusiones internacionales y llamado a la acción

Gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y varios países de la UE han calificado la campaña contra los uigures como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Informes de la ONU y de investigadores como Adrian Zenz y Muetter Tohti indican que entre 500 000 y 1,8 millones de uigures están recluidos en campos de alta seguridad, sometidos a trabajos forzados, tortura y esterilizaciones. La represión transnacional se acompaña de una propaganda que busca legitimar la agenda de Beijing fuera de sus fronteras.

Organizaciones de derechos humanos piden a los gobiernos que rechacen cualquier intento de aplicar la Ley de Unidad Étnica a la diáspora y que defiendan la libertad de expresión en todos los países. Como advierte Kanat, la posibilidad de procesar a individuos en el extranjero por “socavar la unidad étnica” debería alarmar a todas las democracias.

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