Gobierno boliviano despliega tropas y policías en Santa Cruz para impedir bloqueos de carretera
El Estado boliviano moviliza fuerzas armadas y policiales para frenar bloqueos de carretera tras la polémica del subsidio al diésel.
El lunes 20 de agosto el Ministerio de Defensa de Bolivia ordenó el envío de unidades militares y de la Policía Boliviana al municipio de Yapacaní, a 131 km de la ciudad de Santa Cruz, con la misión de evitar que campesinos tapen la vía que une la zona con el centro y occidente del país.
Operativo preventivo en la zona de Yapacaní
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que la medida se tomó de forma preventiva durante la madrugada, después de que surgieran indicios de una nueva movilización campesina. “La misión es prevenir el bloqueo, proteger la carretera y, sobre todo, evitar enfrentamientos”, subrayó en el comunicado oficial, añadiendo que las fuerzas armadas actuarán en coordinación estrecha con la Policía Boliviana.
El conflicto por la subvención al diésel
La tensión se remonta al decreto emitido el 17 de agosto, que fijó un precio referencial de 18 bolivianos (USD 1,55) por litro de diésel para industrias y grandes consumidores. Esa tarifa casi duplica el precio que paga el transporte público y los usuarios menores a 5.000 litros mensuales, que siguen abonando 9,80 bolivianos (USD 0,84). El sector agroindustrial de Santa Cruz denunció que la medida “castiga” a los productores y no soluciona la escasez de combustible que lleva semanas generando largas filas en las estaciones de servicio.
Respuesta de los campesinos y del sector agroindustrial
En una reunión celebrada en Yapacaní, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, alcanzó un acuerdo provisional con representantes campesinos. El dirigente Juan Cáceres, citado por EFE, confirmó que el gobierno gestionará la anulación del decreto en un plazo de 48 horas; de lo contrario, las organizaciones “se van a unificar para decidir el camino a seguir”. Paredes admitió que comparte el sentir de los campesinos, pues el subsidio no habría detenido el desvío del diésel hacia actividades ilícitas ni llegado a los pequeños productores.
Estado de excepción y contexto político
El presidente Rodrigo Paz decretó un estado de excepción el 20 de junio, con vigencia de 90 días, tras una ola de protestas y bloqueos protagonizados por sectores afines al expresidente Evo Morales. La medida permite mantener la libre circulación y protege la infraestructura crítica, pero no restringe la protesta pacífica ni la reunión de grupos. En Cochabamba, bastión del exmandatario, se esperan nuevas concentraciones para presionar la revocación del subsidio, mientras el gobierno trata de equilibrar la presión del campo con la necesidad de garantizar el suministro de combustible al resto del país.
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