China extiende su poder legal más allá de sus fronteras

Meta obligada a deshacer una compra millonaria de IA

En abril de 2024 Pekín le ordenó a Meta que anulara un acuerdo de 2.000 millones de dólares para adquirir la startup singapurense Manus, especializada en inteligencia artificial. La medida obligó también a los fundadores chinos de Manus a permanecer en territorio nacional, marcando la primera vez que una directiva china fuerza a una compañía extranjera a revertir una operación por razones de seguridad nacional.

Una agenda que va del control de la IA a la prohibición de viajes

La orden a Meta no fue un hecho aislado. Para septiembre del mismo año entrarán en vigor normas que ampliarán la potestad del Estado para prohibir la entrada y salida del país a personas catalogadas como amenaza. Al mismo tiempo, el Congreso Nacional discute leyes que obligarán a cualquier empresa que use componentes chinos a respetar la normativa de exportación de China, aunque la transacción se realice fuera de sus fronteras.

Estas disposiciones recuerdan la “norma de producto directo extranjero” que Washington utilizó para limitar el suministro de chips holandeses a China, pero con una intención distinta: mientras EE.UU. busca contener el desarrollo tecnológico chino, Pekín pretende castigar a quienes acaten sanciones estadounidenses, tomando como modelo la reciente “ley de bloqueo” de la Unión Europea.

El legado de Xi y la reacción tras el caso Meng Wanzhou

El giro radical se remonta a 2018, cuando Xi Jinping instó a los funcionarios del Partido a “empuñar las armas legales” propias de una gran potencia. Ese mismo año, el arresto en Canadá de Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, a petición de EE.UU., expuso la vulnerabilidad de las empresas chinas ante la presión occidental. La respuesta de Pekín fue inmediata: dos ciudadanos canadienses fueron detenidos bajo cargos falsos y mantenidos como rehenes durante casi tres años.

Desde 2021 la legislación china incluye cláusulas extraterritoriales que prohíben a las compañías acatar sanciones externas. A finales de 2024 se publicaron regulaciones que permiten a funcionarios de Beijing investigar a clientes de empresas extranjeras que usen insumos chinos y que habilitan demandas contra bancos como JPMorgan Chase y Citigroup por congelar activos bajo presión del Tesoro estadounidense.

Multinacionales entre Londres y Chongqing

El choque de jurisdicciones quedó patente en la disputa entre Samsung y ZTE. Un tribunal de Londres dictó que Samsung debía pagar 392 millones de dólares a la firma china, mientras que el tribunal de Chongqing estimó la deuda casi al doble. La empresa surcoreana ahora debe decidir si obedecer a una corte y arriesgar sanciones en la otra, una encrucijada que pone en jaque a cualquier compañía con presencia significativa en el mercado chino.

Según Mark Jia, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, el “brazo largo” de China se sustenta en la presión directa y en la capacidad de castigar a quienes desafíen sus normas, enviando un mensaje claro de determinación a gobiernos y mercados internacionales.

Control de la disidencia y expansión de la normativa de seguridad

En julio de 2024 entró en vigor una ley de “promoción de la unidad étnica” que penaliza cualquier acto en el exterior que, según Pekín, socave la unidad nacional. Un proyecto de ciberdelincuencia en trámite pretende tipificar como delito la transmisión de información que dañe los “intereses públicos” de China, mientras otra propuesta otorga al Estado la facultad de recopilar pruebas de corrupción contra entidades chinas en el extranjero.

Estas normas no solo persiguen a empresas; también se usan para secuestrar a críticos del régimen y para operar comisarías clandestinas que vigilan a la diáspora china. Yalkun Uluyol, de Human Rights Watch, advierte que la codificación de estas reglas refuerza la burocracia del Partido y convierte al aparato estatal en un instrumento de represalia contra sanciones externas.

Perspectivas y desafíos para los inversores

El impulso legislativo muestra que China ya no se percibe como víctima de la historia, sino como su propio artífice. El objetivo es crear un entorno externo que se ajuste a los intereses del Partido, usando la ley como extensión del poder político. Para las empresas que operan en el país, la nueva realidad implica navegar entre dos sistemas judiciales que compiten por ejercer autoridad sobre la misma transacción.

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